Artículo de Opinión. COVID-19: el impacto legal para las empresas en México. Por Jorge Caballero, Socio Líder de Impuestos y Legal, KPMG México y Centroamérica

27 de Marzo de 2020
Categoría: Seguridad / Talento Logístico

A medida que la COVID-19 se propaga rápidamente por el mundo, y los países toman medidas para enfrentar la crisis, son relevantes las consecuencias relacionadas con la salud, pero también su impacto en la economía y las posibles implicaciones legales para las organizaciones.

Con repercusiones monetarias claramente previsibles, a continuación examinamos algunos escenarios comunes desde la perspectiva de la legislación en México, con el propósito de determinar el impacto de la COVID-19 y, aún más importante, proporcionar elementos para adoptar una posición resiliente y responsiva a las amenazas presentes y futuras que esta situación pudiera generar en diversos rubros, incluyendo comercio internacional, contratos, seguros y fianzas, fusiones y adquisiciones, cumplimiento, temas legales y fiscales, así como precios de transferencia.

Aspectos de comercio internacional

El potencial atraso en el proceso de despacho de mercancías podría implicar el aumento en costos de almacenaje y maniobras. Estos aspectos deberán ser reevaluados con los proveedores de acuerdo con los términos comerciales aplicables.

También existe una ampliación de vigencia por dos meses más de la validez de los oficios de matriz de seguridad (cuando su vigencia termine entre el 18 de marzo y el 31 de mayo de 2020); es decir, las empresas con operaciones de comercio exterior continuarán recibiendo el Datastage, y podrán solicitar su renovación pasadas las medidas de contingencia.

Aspectos contractuales

Todos los contratos con clientes, proveedores y socios comerciales, o bien los documentos que soporten una relación jurídica de la compañía, deben ser revisados para identificar sus implicaciones ante un evento de incumplimiento y establecer medidas remediales.

En aquellos contratos con cláusulas o provisiones de fuerza mayor o caso fortuito, deberán revisarse: i) el alcance y contenido de dichas cláusulas, ii) si se prevé como supuesto epidemias o pandemias, iii) si dicha cláusula contiene reglas especiales para su aplicación y, en su caso, iv) confirmar si existe alguna acción inmediata u obligación a cargo de su compañía u organización.

En caso de actualizarse un incumplimiento, hay que evaluar el informar a la contraparte de manera oportuna y considerar las opciones contractuales o comerciales. En su caso, hay que explorar la posibilidad de renegociar algunas obligaciones o condiciones comerciales, en aquellas situaciones en las que el supuesto en comento podría generar el incumplimiento de los términos contractuales.

En contratos de financiamiento, es pertinente revisar las implicaciones ante las fluctuaciones cambiarias con otras monedas y la depreciación del peso, así como los impactos en tasas de interés.

Finalmente, hay que fortalecer las relaciones comerciales con clientes y proveedores para superar este periodo de crisis global bajo condiciones mutuamente aceptadas, en beneficio de las partes involucradas.

Seguros y fianzas

En este tema es necesario revisar los términos y condiciones particulares de las pólizas de seguros y fianzas contratadas, para identificar los impactos de la COVID-19 y el hecho de que esta sea declarada como pandemia.

En el caso de seguros de crédito, es decir, aquellos que garantizan la falta de pago o pago tardío de cuentas por cobrar, hay que revisar sus condiciones particulares para presentar cualquier reclamación.

Fusiones y adquisiciones (M&A)

Además de lo señalado en el apartado anterior relativo a aspectos contractuales, los términos y obligaciones de operaciones transaccionales deben ser revisados para identificar si algunas medidas de mitigación que establezca el gobierno o alguna de las partes involucradas: i) impactan cualquier obligación o acción al cierre o postcierre de la transacción; ii) causa un evento de incumplimiento en un contrato u operación de compraventa o evento transaccional, o iii) origina un cambio adverso material o tiene un efecto material adverso bajo los términos acordados en una operación de compraventa o evento transaccional.

Asimismo, es preciso evaluar si la firma y cierre de operaciones transaccionales en proceso deben ser pospuestas.

Compliance

Si la cadena de suministro se ha visto afectada por la COVID-19 y la compañía se ve en la necesidad de cambiar de proveedor, debe asegurarse de que el equipo de compliance tenga un proceso de evaluación capaz de responder con urgencia y con un enfoque basado en riesgo. Es preciso identificar las obligaciones de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo con autoridades locales, estatales y federales, que podrían verse afectadas por una eventual interrupción de operaciones debido a la COVID-19, para elaborar un plan de acción que mitigue el impacto. Aun si el plan no logra eliminar las consecuencias, da a la compañía los elementos para comprobar que tomó medidas activas y razonables para continuar en cumplimiento de sus obligaciones legales.

Procedimientos legales

Las autoridades del Poder Judicial de la Federación (PJF) han determinado que se suspenden funciones jurisdiccionales en los órganos del PJF del miércoles 18 de marzo al domingo 19 de abril de 2020, por lo que no correrán plazos procesales.

En cuanto a los procedimientos contencioso-administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que se suspenden funciones jurisdiccionales y administrativas del 18 de marzo al 19 de abril de 2020 y, de la misma manera, se suspenden los tiempos procesales en curso.

Cumplimiento de obligaciones fiscales

Con base en el efecto de la COVID-19 a nivel mundial y en México, es inminente que resultará indispensable que todas las compañías comiencen a evaluar diversos mecanismos internos y externos para sobrellevar y salir adelante en el entorno económico presente; por lo anterior, es necesario revisar, entre otros, los siguientes aspectos:


En cuanto al trabajo a distancia, en caso de que los colaboradores estén haciéndolo en un país distinto al de la empresa, resultará importante evaluar riesgos de establecimiento permanente. Adicionalmente, es importante estar en constante revisión de información que vaya surgiendo para prever posibles prórrogas de pagos de impuestos tanto a nivel provisional como anual, entre otros temas.

Precios de transferencia

Resulta razonable suponer que, debido al impacto de la pandemia en la cadena de suministro de productos y servicios, así como la posible existencia de gastos extraordinarios para enfrentar la contingencia sanitaria, muchos grupos multinacionales y sus subsidiarias verán afectada su utilidad operativa junto con una posible afectación en la generación de flujos de efectivo. Ante tal situación, es posible que se realicen negociaciones especiales entre terceros y entre partes relacionadas para afrontar los efectos adversos, como: i) renegociación de contratos; ii) modificaciones a los términos de pago; iii) ajustes a los precios de venta; iv) solicitudes de extensión de crédito, entre otros. Es necesario tener en consideración tales circunstancias para justificar posteriormente, desde una perspectiva de precios de transferencia, el impacto ocasionado; por ejemplo, una potencial generación de pérdidas, la necesidad de obtener recursos financieros mediante financiamiento u otros esquemas, entre otros.

Por otro lado, es necesario hacer un análisis a profundidad sobre las consideraciones a tener en cuenta al momento de generar la documentación soporte en la materia a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en nuestra regulación para el ejercicio en curso, específicamente pero no limitándose a: el set de compañías potencialmente comparables ya que generalmente se usa su información financiera desfasada un ejercicio, tasas de interés y opciones de financiamiento realísticamente posibles bajo la situación actual, la reestimación de presupuestos de las empresas para reflejar adecuadamente las condiciones de mercado actuales y el impacto directo que esta situación tendrá en la determinación del valor de la propiedad intangible de grupos multinacionales afectados.



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Por: Jorge Caballero
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